El PSOE urge a la Fiscalía que investigue las contrataciones de Baltar en la Diputación

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Los procesos de selección de personal de la institución provincial ya acumulan dos sentencias en contra

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Fachada de la Diputación de Ourense. // Iñaki Osorio

X.M. DEL CAÑO - OURENSE El PSOE urge a la Fiscalía a que investigue el sistema de acceso a la función pública de la Diputación de Ourense, que ya acumula dos sentencias en contra. La última, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de esta ciudad, que cuestiona en un auto dictado el 17 de julio pasado la contratación temporal, por no especificar los criterios de valoración seguidos para cubrir en 2011 dos plazas de gestor de administración general para el Inorde, ante el recurso presentado por el opositor Marcos Martínez Domínguez. La primera, del Tribunal Supremo, que anuló en febrero de 2006 las oposiciones que había convocado la Diputación en 1998, en las que lograron plaza los hijos de los alcaldes de Monterrei, San Cibrán das Viñas y la hija del exregidor de Ourense José Luis López Iglesias.
También figuraba entre los mejor puntuados, el hijo del presidente de la Diputación de Lugo, Francisco Cacharro Pardo, pero terminó renunciando al puesto, ante el cariz que tomaban los acontecimientos. De todas formas, Cacharro Gosende volvió a la carga, transcurrido un tiempo prudencial, para lograr la plaza en propiedad.
Ante el nuevo varapalo que sufre la política de personal del la Diputación, los socialistas dirigen ahora su mirada hacia la Fiscalía de Ourense, a la que le fueron aportando miles de documentos relacionados con el "enchufismo" patrocinado por José Luis Baltar. Alguno de esos papeles, reproduce el reproche público que le hicieron al barón ourensano miembros de su propio partido, vinculados con el PPdeG, por colocar en la institución provincial a decenas de personas que apoyaron en el congreso provincial del partido, como compromisarios, al hijo del presidente de la institución, frente la opción que representaba el alcalde de Verín, Juan Manuel Jiménez Morán. Los socialistas cruzaron el listado de los compromisarios que apoyaron a Baltar con la relación de trabajadores de la Diputación, encontrando "más de cien coincidencias". Y revelan que han comprobado que 300 personas que trabajan en la Diputación son alcaldes, concejales, cargos del PP o familiares de los mismos, siempre pertenecientes a la referida formación política. En cambio, el BNG sostiene que pertenece al PP "la práctica totalidad de la plantilla, salvo raras excepciones".
El portavoz del grupo socialista, Ignacio Gómez Pérez, todavía va un paso más allá que otros cargos de su partido, al reclamar que le remitan el dossier que personas del entorno de Baltar en la Diputación le mandaron de forma anónima a la Fiscalía Anticorrupción, porque "puede aportar alguna de las piezas fundamentales para completar el puzzle, al unirse a la documentación que tiene en su poder la Fiscalía ourensana.
La Fiscalía Anticorrupción terminó archivando el caso, por "falta de concreción", por lo que Gómez Pérez tiene la esperanza de que al juntar toda la documentación se puedan concretar y definir con mayor claridad las irregularidades de los procesos de personal de la Diputación de Ourense.
La documentación remitida a la Fiscalía Anticorrupción incluía exámenes de aprobados, en los que aparecía la letra de José Luis Baltar, y datos sobre la posesión de una colección de coches, entre los que se encontraban modelos de alta gama.
Gómez Pérez anuncia que va a endurecer la línea política, como portavoz del PSOE, tras comprobar que Manuel Baltar "continúa exactamente con el mismo modelo clientelar de su padre, aunque maquille las formas". Destaca que el día 6 de agosto realizó 25 nuevas contrataciones, por lo que la Diputación mantiene 945 operarios, "aunque diga que ha reducido personal". Y dedica a gasto corriente "el 65% del presupuesto".
El BNG sostiene que las irregularidades de la Diputación son "un clamor social", hasta el punto que las academicas de la provincia no preparan aspirantes para ocupar plazas en la institución que preside Baltar. "Solo se presentan los militantes del PP, pertenecientes al sector baltarista".
Las pruebas adolecen de seguridad jurídica
El juez de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ourense, Francisco de Cominges Cáceres, determina en su auto, sobre el recurso presentado por el opositor Marcos Martínez Domínguez, que la ordenanza provincial "infringe los principios de interdicción de la arbitrariedad, publicidad, seguridad jurídica, transparencia y objetividad que rigen este tipo de procesos selectivos" (art. 55 EBEP; arts. 9.3, 14 y 103.3 CE), al no prefijar (ni exigir que las bases de la convocatoria lo hagan) los criterios conforme a los cuales se ha de seleccionar al candidato. De lo que resulta que, como ha ocurrido en el concreto caso planteado, "no se predeterminan en la convocatoria unos parámetros objetivos mínimos a los que se haya de atender la resolución del proceso selectivo", tales como definición y baremación de méritos, objeto y valor de la prueba práctica en el conjunto del procedimiento.
Resalta que la sala tercera del Tribunal Supremo ya ha reiterado en varias sentencias, desde julio de 2008, que el principio de publicidad "exige que los criterios de actuación del tribunal sean precedentes a la realización de la prueba, y notificados a los aspirantes pues solo así se garantiza además el principio de seguridad jurídica, pues los participantes adecuarán entonces su ejercicio a los criterios manifestados por el tribunal calificador".
El magistrado señala que, pese a la urgencia y a la celeridad con la que se deben realizar las convocatorias de personal para cubrir bajas temporales, "se deben precisar en la convocatoria, además de las funciones del puesto convocado, las bases o parámetros mínimos que se tomarán como referencia objetiva para evaluar los méritos de los candidatos presentados y el resultado del caso práctico que deberán realizar". También es esencial e inexcusable, según el titular del juzgado, predeterminar el valor que se le atribuirá en el conjunto del proceso selectivo a cada una de sus fases: concurso de méritos-examen práctico. Pero además, contempla como "una infracción" que los estatutos del Inorde establezcan que todo su personal, sin excepción, tenga que ser eventual. Advierte que "la mayor parte del personal del organismo "debería tener la condición de funcionario". Por lo tanto, el Juzgado de lo Contencioso número 1 de Ourense plantea una "cuestión de ilegalidad" sobre la que tendrá que pronunciarse el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.